La experiencia como parte de la población estudiantil en universidades públicas y el desenvolverme como Docente (o Tutor) en centros de educación privada me permiten visualizar la trama a lo largo del proceso desde ambos lados de la trinchera y no como un simple espectador del mismo.
Al apreciar los grandes retos que se afrontaron, sin atrincherarme en ideologías políticas o partidarias sino como usuario que comprende la necesidad y prioridad nacional por realizar cambios en el sistema administrativo, económico, financiero y de formación, me atrevo a plantearles la siguiente incógnita:
Situémonos cuatro décadas atrás, cuando los Gobiernos se vieron obligados en rediseñar el sistema educativo superior, o el sistema de educación universitaria en Costa Rica, a causa de una creciente población estudiantil que se asomaba las puertas de los centros universitarios del momento; problemática que obliga implementar reformas en los modelos de financiación.
Esta problemática y las dificultades en el sistema académico administrativo de las universidades públicas generan la proliferación de centros de capacitación informal para la enseñanza. Estos centros se abocaron en el proceso de incorporación de la sociedad al sistema educativo superior, mismos que al especializarse en otras áreas de fortalecimiento académico se conformaron en casas de enseñanza superior alternativas. La expansión en el sector privado permitió atender a los estudiantes excluidos del sector público, análogamente sucedió con los centros de educación secundaria.
Para su regulación, financiación y estandarización se conforma el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), integrado por los rectores de las universidades, la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), y la Comisión de Enlace (constituida por los rectores y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y de Ciencia y Tecnología), ente que implementa un marco de planificación.
Entre las políticas se establece la creación del Fondo de Incentivos para el Desarrollo Científico y Tecnológico con el objeto de incentivar a los docentes que realizan proyectos y actividades de investigación en ciencia y tecnología.
El surgimiento de casas de enseñanza privada, o el crecimiento del sistema universitario privado estuvo abandonado de un marco de hasta que se crea el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) quien estabiliza la expansión universitaria privada. Velando por la identificación oficial de las titulaciones y programas de las universidades públicas y privadas que cumplan los requisitos de calidad establecidos o acreditación (Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior).
Las universidades públicas no pueden depender exclusivamente del presupuesto estatal sin cumplir con las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. Por ello, la necesidad de generar recursos adicionales en el medio universitario.
La autonomía:
“las universidades del Estado están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”
Para inicios de la década del 2000 se inicia la gesta por modificar la utilización de este fondo (FEES) y sufre variación en su política de ejecución, dando pie a dos premisas presupuestarias:
Según datos Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Costa Rica asignó en esta década (2010-2020), en promedio, un 6,84% del PIB a educación, superando al resto de países de la región, (www.datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=CR)
Las universidades de carácter público llegarán a absorber más del 40% de la matrícula en educación superior, adquiriendo así, las universidades privadas un mayor protagonismo superando el 55% para el 2020.
La composición de los ingresos totales de las universidades públicas puede rondar para el año 2020 lo corresponde a fondos públicos representan el 85%, el restante 15% provendría de los fondos privados correspondientemente un 33% al cobro de matrícula, y a un 67% por la venta de bienes y servicios educativos y otros.
De los recursos públicos del Ministerio de Educación Pública se canaliza del sistema de becas programas de asistencia a los estudiantes, incluye a la educación superior, mediante el denominado Fondo Nacional de Becas (FONABE).
Para los entes privados, se estableció la política de propiciar oportunidades de educación a estudiantes que carezcan de recursos para realizar sus estudios, creándose una entidad semiautónoma, como Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), destinada a conceder préstamos para estudiantes preferiblemente de zonas rurales y con prioridad en titulación científica y/o tecnológica.
Para la educación pública (FONABE), y para la educación superior en su conjunto (CONAPE) sin olvidar los préstamos que conceden las universidades privadas a sus estudiantes.
Como vemos, a lo largo de cuatro décadas, la demanda de servicio de la población estudiantil alteró el sistema de educación superior obligando al sistema a crear alternativas que a mediano plazo tuviese cualidades de titulación, de servicio y beneficio educativo, y programas para docentes en tecnología e investigación; todo dentro de un marco de planificación conceptual pero movido por la demanda.
Esta apertura, si lo confrontamos con los demás países de América Latina y del Caribe, fue y es ventajoso para una población estudiantil cada vez más creciente. El preámbulo histórico es grande, mas nos refleja lo que el efecto de innovación es igual de magnificente dentro de los sistemas administrativos de la educación superior pública y la privada, sólo que en esta ocasión en un tiempo comparativamente corto.
El cambio de 2020 al 2022 en la utilización de nuevas alternativas de formación (TICs) y de integración de la población estudiantil dentro de los centros de educación superior vinieron para quedarse. Si bien hace casi dos décadas estas alternativas de formación se daban, es hasta la actualidad cuando se llevan a pleno.
Pero viviremos un proceso muy similar tratando de captar a la mayor cantidad de ingresos a partir de los servicios. Al no tener un servicio virtual claramente establecido por la educación superior se posicionarán en el espectro académico centros virtuales de enseñanza superior. Mismo que ya operan dando servicio de fortalecimiento e inducción a estudiantes y a docentes (denominados Tutores).
La desregularización de estos centros ayudará a su fortalecimiento, pero aún no estará al alcance o disposición de todos. Generando programa de asistencia económica y de fortalecimiento, papel que por su naturaleza debería los entes regularizadores el país.
Visto así, Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) y la población general, deberán ir pensando en un nuevo actor en la formación superior, las universidades virtuales; inicialmente tratarán de ser absorbidas por las universidades presenciales públicas y/o privadas más con su capacidad instantánea de acaparar, almacenar y de modificar la información generada por los docentes. Generando nuevos espacios de formación superior, más versátiles, inclusivos, lúdicos y preocupados en el desarrollo de habilidades blandas.
Siendo así, se puede dar proceso corto para Costa Rica pero abismal para el resto de los países de nuestro entorno pues contamos con la estructura y los marcos de planificación adecuados y modificables que pueden sustentar y soportar la apertura al cambio. Deviniendo así, de la capacidad de aprender de las prácticas frustradas por parte de los distintos actores y de su resiliencia
En Costa Rica la transformación ha iniciado y no se visualiza el fin del proceso; en Europa, esta transformación se viene dando años atrás siendo un gran referente de lo que puede suceder a nivel global. Los centros educativos tenderán a convertirse en centros de producción audio visual y de transformación tecnológica y de investigación, donde la principal preocupación será la formación del docente en la utilización de nuevas tecnologías y metodología educativa.
Ventajas del paralelismo europeo es la necesidad de generar la movilidad y la cooperación desarrollándose separadamente poro con la posibilidad de generar convenios de integración de métodos más flexibles para la internacionalización iberoamericana de la educación universitaria futura.